"A pesar del discurso pro mercado libre, el Gobierno continúa con la criticada práctica de intervenir en la economía"

La reciente profundización del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bautizada como "Súper RIGI" por el Ministerio de Economía, despertó una severa crítica por parte del economista Roberto Cachanosky (foto inferior). Para el analista, el anuncio de Luis Caputo representa una contradicción flagrante con el ideario liberal que el gobierno de Javier Milei dice defender. Al determinar arbitrariamente qué sectores reciben beneficios —como la reducción de Ganancias al 15% o esquemas de amortización acelerada—, el Estado vuelve a posicionarse como el árbitro de la economía, emparentándose con prácticas de planificación centralizada más cercanas al socialismo o al intervencionismo que a un sistema de precios libres.

Cachanosky sostiene que el esquema planteado por Caputo, que incluye mayores beneficios para la importación de insumos y límites a tasas municipales, no es más que una reedición de políticas que fracasaron en el pasado argentino. Según su visión, cuando el Estado decide premiar sectores específicos como el litio o los paneles solares, está sustituyendo la inteligencia del mercado por la voluntad del funcionario.

"La gran diferencia entre una economía libre y una intervencionista o socialista, es que en la primera es el sistema de precios libres el que orienta la asignación de los recursos productivos. No los incentivos del gobierno de turno. En una economía intervencionista o socialista el funcionario decide dónde hay que asignar los recursos productivos y establece regulaciones e incentivos para dirigir los recursos hacia los sectores que el burócrata cree más conveniente".

Para el economista, esta discrecionalidad rompe la neutralidad fiscal y genera una competencia desleal frente a los sectores no beneficiados: "Obviamente esta asignación de los recursos productivos nada tiene que ver con una economía eficiente que satisfaga la demanda de los consumidores".

El análisis de Cachanosky se remonta a mediados del siglo pasado, citando las leyes de promoción industrial en polos como Bahía Blanca o las exenciones en provincias como La Rioja y Tierra del Fuego. Recuerda que estos regímenes terminaron convirtiéndose en "negocios financieros" y focos de corrupción más que en motores de crecimiento real.

"Se produjeron escándalos de corrupción vinculados a estos regímenes, con diferimientos impositivos convertidos en negocio financiero, producción limitada al ensamblado, etiquetado y empaquetado, y tráfico de promociones, demostrando ineficiencia y corrupción en experiencias pasadas de estímulo a sectores específicos".

Cita como ejemplo paradigmático el caso de la industria automotriz protegida, que permitió que en Argentina se fabricara el Ford Falcon hasta 1991, cuando en su mercado original había dejado de producirse 21 años antes debido al estancamiento tecnológico que genera el proteccionismo.

El mercado como proceso de descubrimiento

Apoyándose en los postulados de la escuela austríaca y Friedrich von Hayek, Cachanosky enfatiza que el crecimiento solo surge cuando los empresarios, y no los ministros, descubren demandas insatisfechas a través del sistema de precios.

"Para que los recursos se asignen de manera eficiente, deben responder necesariamente a los precios libres, que reflejan valoraciones subjetivas cambiantes entre las personas. Un sistema dirigido no puede captar esa multiplicidad de valoraciones. Cuando el ministro Caputo determina que hay que producir baterías de litio asume conocer las preferencias cambiantes de los consumidores".

Finalmente, la crítica del economista apunta al núcleo de la gestión actual, señalando que, a pesar de la retórica oficial, la estructura de incentivos discriminatorios profundiza un modelo de baja competitividad "porque durante décadas sufrimos gobiernos cuyos funcionarios consideraron que ellos sabían mejor que el mercado libre dónde asignar los recursos productivos. A pesar del discurso pro mercado libre, el gobierno de Javier Milei continúa con la criticada práctica estatal de intervenir en la economía".